Por qué una dashcam de consumo no responde a las mismas necesidades que un sistema embarcado de alarmas móviles diseñado para el taxi
La seguridad de los profesionales del taxi es una necesidad real. Las agresiones, robos y situaciones de riesgo justifican la utilización de herramientas tecnológicas que ayuden a proteger al conductor.
Sin embargo, existe una confusión cada vez más frecuente:
Instalar una dashcam en un taxi no la convierte automáticamente en una solución adecuada para la seguridad del transporte público.
Una dashcam está concebida fundamentalmente para captar y almacenar imágenes. Muchos modelos comienzan a grabar al arrancar el vehículo y mantienen esa grabación de forma continua.
Trasladado al taxi, esto puede significar grabar sistemáticamente a todos los pasajeros y, dependiendo del dispositivo y de su configuración, también conversaciones, peatones, matrículas y ciudadanos situados en la vía pública.
La finalidad de seguridad no permite grabar de cualquier manera.
Cuando las imágenes permiten identificar a personas existe tratamiento de datos personales. La normativa exige que dicho tratamiento responda a una finalidad legítima y respete principios como necesidad, proporcionalidad y minimización.
La propia Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), al analizar las cámaras on-board, advierte frente a una implantación genérica y sin límites y contempla cautelas como vincular la grabación a un acontecimiento concreto o a una activación manual.
Antes de instalar una dashcam en un taxi, haga estas preguntas
No pregunte únicamente por la resolución, la capacidad de la tarjeta o la calidad de imagen. Pregunte qué ocurre realmente con los datos personales que está captando.
- ¿Graba continuamente desde que arranca el vehículo?
- ¿Graba audio durante el servicio ordinario?
- ¿Graba sistemáticamente la vía pública?
- ¿Puede limitarse técnicamente la grabación a un evento concreto?
- ¿Quién es el responsable del tratamiento de las imágenes?
- Si interviene un tercero, ¿quién actúa como encargado del tratamiento?
- ¿Dónde se almacenan las imágenes?
- ¿Quién puede acceder a ellas?
- ¿Puede el conductor visualizar y descargar libremente las grabaciones?
- ¿Existe un registro de quién ha accedido, cuándo y para qué?
- ¿Existe trazabilidad de los accesos y extracciones?
- ¿Existe un sistema de borrado automático y verificable?
- ¿Qué impide copiar, conservar o compartir imágenes de pasajeros?
- ¿Existe un procedimiento para preservar y entregar una grabación a las autoridades?
- Si incorpora un botón SOS, ¿qué sucede realmente cuando se pulsa?
Dos leyendas urbanas que pueden acabar en un problema
En torno a las cámaras instaladas en taxis se repiten dos afirmaciones que pueden generar una peligrosa falsa sensación de legalidad.
LEYENDA Nº 1: «Pongo el cartel y ya puedo grabar»
Falso.
El distintivo de videovigilancia cumple una función: informar de la existencia del tratamiento de imágenes. Pero el cartel no autoriza por sí mismo a grabar de cualquier manera.
Hay que analizar también la finalidad, necesidad y proporcionalidad de la captación; quién es el responsable; quién puede acceder a las imágenes; dónde se almacenan; durante cuánto tiempo; qué terceros intervienen y qué medidas existen para evitar accesos o usos no autorizados.
El cartel informa de que existe una cámara. No convierte en lícito un tratamiento que incumpla los requisitos aplicables.
LEYENDA Nº 2: «La cámara está registrada en la AEPD»
Tampoco es correcto.
Desde el 25 de mayo de 2018 desapareció la antigua obligación de inscribir ficheros ante la Agencia Española de Protección de Datos.
Actualmente existe el Registro de Actividades de Tratamiento (RAT) previsto en el artículo 30 del RGPD. El RAT es documentación de cumplimiento que debe mantenerse cuando corresponda y estar a disposición de la autoridad de control; no supone que la AEPD haya inspeccionado, homologado o autorizado previamente una determinada cámara o instalación.
«Está registrada en la AEPD» o «tenemos el documento de protección de datos» no demuestran por sí mismos que la utilización concreta de una cámara sea conforme. El cumplimiento depende de lo que realmente hace el sistema con los datos.
Una pregunta fundamental: ¿quién puede acceder a las imágenes?
Las dashcams conservan un histórico condicionado por la capacidad de almacenamiento, resolución, número de cámaras y configuración. Pero el verdadero problema no es solamente cuántas horas conserva una cámara.
La pregunta fundamental es: ¿quién tiene acceso a esas imágenes?
Si el usuario puede acceder directamente mediante una aplicación, visualizar pasajeros, descargar grabaciones en su teléfono y posteriormente conservarlas, copiarlas o compartirlas sin que quede constancia, resulta mucho más difícil garantizar el control sobre esos datos personales.
Un sistema embarcado profesional diseñado para taxi puede aplicar una filosofía diferente. Puede disponer de capacidad técnica de almacenamiento de hasta 720 horas (30 días), sin que ello implique libre acceso a las imágenes.
El artículo 22.3 de la LOPDGDD establece que los datos de videovigilancia deben suprimirse en el plazo máximo de un mes desde su captación, salvo cuando deban conservarse para acreditar hechos contra la integridad de personas, bienes o instalaciones. Por tanto, las 720 horas expresan una capacidad técnica equivalente a 30 días; no una obligación de conservar siempre todas las imágenes durante ese periodo.
El acceso puede quedar restringido al encargado del tratamiento y realizarse exclusivamente previa solicitud del responsable del tratamiento, conforme al procedimiento establecido.
SOLICITUD DEL RESPONSABLE → AUTORIZACIÓN → ACCESO POR EL ENCARGADO → EXTRACCIÓN → REGISTRO → TRAZABILIDAD
De esta forma puede quedar constancia de quién solicitó las imágenes, quién realizó el acceso, cuándo se produjo y qué información fue extraída.
La privacidad no depende únicamente de cuánto tiempo se conservan las imágenes, sino también de quién puede acceder a ellas, bajo qué autorización y si ese acceso puede ser auditado.
Especial atención al audio y a la vía pública
La captación de conversaciones merece una cautela especialmente estricta. El audio no debe plantearse como una grabación ordinaria y permanente de las conversaciones de pasajeros y conductor durante el servicio.
Esto debe diferenciarse de un sistema embarcado diseñado alrededor de eventos, donde el audio permanece desactivado durante el funcionamiento ordinario y su utilización queda vinculada al evento de alarma y al procedimiento previsto.
La grabación de sonido exige una justificación reforzada y respeto a los principios de proporcionalidad e intervención mínima. No debe confundirse la utilización de audio asociada a la verificación de una alarma con mantener permanentemente abierto el micrófono durante todos los servicios.
La vía pública tampoco puede captarse de forma indiscriminada justificándolo simplemente por una finalidad de seguridad. El artículo 22.2 de la LOPDGDD limita la captación de imágenes de la vía pública a aquello que resulte imprescindible para la finalidad perseguida.
Ante una dashcam frontal concebida para registrar continuamente la circulación, la pregunta es sencilla: ¿por qué resulta necesaria esa captación permanente y qué medidas existen para limitarla a lo imprescindible?
Grabar una agresión no es lo mismo que gestionar una alarma
Una dashcam puede proporcionar imágenes después de una agresión y esas imágenes pueden resultar útiles como evidencia.
Pero un sistema embarcado de alarmas móviles diseñado específicamente para el taxi parte de otra finalidad. La cámara es solamente uno de sus componentes.
PULSADOR SOS → EVENTO DE ALARMA → LOCALIZACIÓN → IMÁGENES Y DATOS → TRANSMISIÓN → RECEPCIÓN Y GESTIÓN
Cuando además la alarma se encuentra conectada a una Central Receptora de Alarmas (CRA) autorizada, la señal puede ser recibida, verificada y gestionada y, cuando proceda, comunicada a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
El valor de un pulsador de emergencia no está en el botón, sino en lo que sucede después de pulsarlo.
Una cámara puede documentar lo ocurrido. Una alarma está concebida para poder actuar mientras el incidente está sucediendo.
El desconocimiento también puede tener consecuencias
Podemos tener cámara instalada + cartel colocado + documento preparado y seguir realizando un tratamiento inadecuado.
- Graba permanentemente a todos los pasajeros;
- Mantiene el audio activo durante los servicios;
- Capta vía pública más allá de lo necesario;
- Permite descargar libremente las imágenes;
- Almacena información mediante terceros sin las garantías correspondientes;
- Carece de control y trazabilidad sobre los accesos.
La normativa analiza el tratamiento real de los datos, no solamente la existencia de un cartel o determinada documentación.
Cuando ese tratamiento no se ajusta a las obligaciones establecidas por el RGPD y la LOPDGDD, puede dar lugar a reclamaciones, actuaciones de la autoridad de protección de datos, medidas correctivas y, cuando corresponda, sanciones.
Entonces, ¿sirve una dashcam de consumo como solución de seguridad para el taxi?
Una dashcam puede resultar útil para determinadas finalidades. Pero una cámara concebida para la grabación continua de un vehículo particular no debería trasladarse sin más a un servicio público de transporte de viajeros y presentarse como una solución de seguridad para el taxi.
El entorno, la finalidad y las personas cuyos datos están siendo tratados son diferentes.
Un sistema embarcado de alarmas móviles específicamente diseñado para el taxi parte de otra filosofía: limitar la captación, controlar el acceso a los datos, mantener registro y trazabilidad y actuar alrededor del evento que justifica su utilización.
¿Qué graba? ¿Cuándo graba? ¿Graba audio? ¿Quién puede acceder? ¿Quién autoriza ese acceso? ¿Queda registrado? ¿Cómo se eliminan las imágenes? ¿Y qué ocurre cuando el taxista necesita ayuda?